El Supremo de Estados Unidos dice que las descargas de música no son "reproducción pública"

La Sociedad de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en sus siglas inglesas), un grupo sin ánimo de lucro que defiende los derechos de autor del 45% de los compositores de Estados Unidos, ha visto frustrada su intención de obtener de los grandes portales de Internet como Yahoo o RealNetworks una compensación extra del 2,5% por canción descargada, a modo deroyalties.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se limitó a no admitir a trámite el recurso de la ASCAP a un fallo de la corte de apelaciones de Nueva York en el que ya se apuntaba que la descarga de música no entra en la definición de reproducción pública. Dicha sentencia explicaba que “sólo existe violación de los derechos de copyright cuando la música se interpreta o se emite públicamente, no cuando de manera digital –o por cualquier otro medio– se transmite a un potencial oyente”.

Los magistrados consideran que la exigencia de una compensación extra sólo tendría sentido en caso de que las canciones "se emitieran, bailaran o interpretasen públicamente" y, sin embargo, las descargas no suponen ninguna de estas tres cosas. El fiscal general de EE UU Donald Verrilli dijo que el fallo del tribunal de apelaciones era correcto y que cumplía con la opinión general y la política de propiedad intelectual de sonidos.

Por su parte, ASCAP asegura que los más de 390.000 compositores, autores y editores en Estados Unidos autorizan exclusivamente el uso de sus creaciones a través de la organización, que se ocupa de recaudar el canon de casi el 50% de toda la música que se reproduce por Internet. La asociación explica que esta decisión supondrá para todos esos profesionales la pérdida de "decenas de millones de dólares enroyalties cada año".

El abogado que representa al citado organismo argumentó que el fallo del tribunal de apelaciones reducía de forma inapropiada el derecho de interpretar en púbico obras musicales protegidas por derechos de autor, lo que situaba a EE UU en una situación de violación de tratados de propiedad intelectual y otros acuerdos internacionales. El Supremo rechazó la apelación sin realizar comentarios adicionales.